El proyecto de Juan Miguel, representante de Tres de Febrero en la Cámara de Diputados, establece un procedimiento administrativo  en el marco de la Ley de Defensa al Consumidor provincial (13.133), a fin de que el Estado provincial acuda en auxilio de las familias sobreendeudadas, acompañándolas en un proceso de reestructuración de esas deudas y el saneamiento de su economía. Para poner claridad en el tema, el dirigente realizó un encuentro formal con vecinos del distrito, del que formaron parte profesionales en la materia, como Adrian Ganino (ex director nacional de Defensa al Consumidor y Arbitraje del Consumo), Samanta Lagrutta (ex directora de OMIC San Martin) y Cristian Luisi (juez árbitro institucional de consumo).

“Nos pareció importante presentarlo en Tres de Febrero porque es donde nació, a través del trabajo de Adrian, Samanta y Cristian junto a la concejal Cristina Heredia, quien presentó la primer ordenanza sobre el tema. El proyecto busca incorporar más herramientas a la hora de tratar esta temática complicada, que afecta a muchas familias de la provincia”, contó el diputado provincial en diálogo con 2Urbanos.

El encuentro, desarrollado en la sede Caseros de la UNTREF, contó con la presencia de vecinos y dirigentes del distrito, quienes atentamente siguieron los objetivos del proyecto, cada uno acompañado por estadísticas a nivel municipal y provincial. Cristina Heredia, a su vez, señaló: “La reforma apunta a resolver la problemática que surge cuando las personas contraen deudas y préstamos. El equipo de Adrian Ganino pensó en esta alternativa para, de alguna manera, poner un saneamiento a estas economías familiares que se ven gravemente alteradas. Es ahí donde es importante la labor del Estado para poner, a través de instancias conciliatorias, un poco de equidad en estas situaciones asimétricas”. Y agregó: “Esta idea tiene, por un lado, la prevención para que las personas no lleguen a estos endeudamientos, a través de información; y por otro lado, sanear su economía. El proyecto consiste en abrir instancias conciliatorias, ya sea en los municipios o en la provincia de Buenos Aires, en donde se van a acercar a las dos partes para poder llegar a un acuerdo que sea llevadero para la persona que tiene deudas”.

El inicio de actuaciones administrativas por sobreendeudamiento y reestructuración de deuda suspenderá las actuaciones judiciales por cobro de los créditos y préstamos para el consumo adeudados, por un plazo de 90 dias hábiles. Las personas que estén en esta delicada situación deberán presentarse en las oficinas municipales y provinciales de Defensa al Consumidor para realizar las averiguaciones correspondientes. Además, el proyecto propone que se refuercen conceptos de la defensa al consumidor, relacionados con información, lealtad comercial, préstamo responsable y educación financiera.

“El sobreendeudamiento de las familias es producto de un proceso de pérdida del poder adquisitivo del salario en los últimos 8 años, con una caída fuerte en el gobierno de Mauricio Macri que no se pudo recomponer durante el gobierno actual, con una pandemia de por medio”, finalizó Juan Miguel Gomez Parodi ante un auditorio repleto.