Frente al fuego, la política responde con un guion ya conocido. Declaraciones solemnes, conferencias de prensa cargadas de preocupación para las cámaras, anuncios de emergencia y promesas de fondos excepcionales. Sin embargo, cuando el humo se disipa, también se evapora el interés oficial. La tragedia deja de ser noticia y la prevención vuelve a quedar fuera de agenda, como si el problema se extinguiera solo.

La Argentina cuenta con una Ley de Bosques vigente —la Ley 26.331— que establece con claridad cómo y cuánto debe invertirse en protección ambiental. Pero el financiamiento real nunca alcanzó el 0,3% del Presupuesto Nacional que la propia norma fija. Año tras año, los recursos se recortan o directamente no se ejecutan. Así, los brigadistas trabajan al límite, la planificación queda relegada y el combate del fuego depende más del sacrificio personal que de una política pública seria. Resulta inadmisible que en 2026 todavía no exista un sistema extendido de torres de vigilancia, drones y alertas tempranas que permitan actuar antes de que el daño sea irreversible.

Se habla del clima, de la sequía, del viento. Todo eso influye. Pero lo que verdaderamente incendia el territorio es la desidia. Avanzan los desmontes ilegales, los controles son laxos, los mapas de ordenamiento territorial se adaptan a intereses económicos y el Estado aparece tarde, casi siempre cuando el negocio ya está hecho y el bosque ya no existe. En ese contexto, es imposible eludir la discusión sobre las responsabilidades políticas.

Después del fuego llega otra forma de abandono. Las tierras quemadas quedan expuestas a la especulación inmobiliaria, a nuevos desmontes encubiertos y a la erosión del suelo. La reforestación, que debería ser una política sostenida en el tiempo, suele quedar reducida a una mención marginal en discursos oficiales. Plantar árboles no genera titulares ruidosos, pero es la única manera real de reconstruir el futuro.

Conviene recordarlo: los bosques nativos no son un lujo ni un capricho ambientalista. Regulan el régimen de lluvias, protegen las cuencas hídricas, capturan carbono y amortiguan los efectos del cambio climático. Además, sostienen economías regionales y comunidades enteras, que también pierden cuando el fuego avanza. Cuando se quema un bosque, no pierde una provincia: pierde todo el país.

La dirigencia política argentina arrastra una deuda ambiental que crece al mismo ritmo que las hectáreas incendiadas. Gobernar no es solo administrar la emergencia ni declarar zonas de desastre. Gobernar es invertir antes, controlar de verdad, impedir negociados inmobiliarios y asumir la reforestación como una obligación indelegable. No alcanza con discursos que se esfuman como humo.

Pero también es tiempo de involucrar activamente a la sociedad. Proponemos impulsar una campaña nacional, concreta y verificable, basada en la donación y plantación de árboles nativos en las zonas afectadas. Las desarrolladoras inmobiliarias deben aportar, sin excusas. Pero también los municipios, los concejos deliberantes, las legislaturas provinciales, el Congreso Nacional y las gobernaciones.

A esa iniciativa deberían sumarse sindicatos, partidos políticos, colegios profesionales, empresarios, universidades, clubes de fútbol y organizaciones de la sociedad civil. Incluso artistas, deportistas y referentes del espectáculo pueden ayudar a amplificar el mensaje. Miles de árboles no reparan por sí solos el daño de un incendio, pero miles de instituciones comprometidas pueden empezar a cambiar una cultura.

Desde nuestro espacio planteamos una meta clara: un millón de árboles nativos para reforestar las zonas devastadas. Los especialistas saben qué especies deben plantarse en cada región. Así, desde la propia sociedad, podemos demostrar que la responsabilidad ambiental no se declama: se ejerce. Y, sobre todo, se siembra.