Asamblea ordinaria del Colegio de Abogados de San Martín: transparencia, balances y defensa de la profesión

Como cada año, el Colegio de Abogados de San Martín celebró su Asamblea General Ordinaria en la sede de la institución. Durante la misma se presentaron la Memoria y el Balance General del período 2024, así como el Presupuesto y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2025. También se leyeron los informes de la Caja de Previsión Social y se abordaron asuntos relativos al ejercicio profesional. El presidente del Colegio, Marcos Vilaplana, dialogó con los medios presentes.

“Fue una nueva jornada en el Colegio. Se habló mucho de números, cálculos, balances. Está todo en orden, todo transparente, como lo hacemos cada año”, afirmó. Vilaplana remarcó que este tipo de encuentros son parte del ciclo institucional: "Todos los mayos hacemos la Asamblea Ordinaria. En este caso no fue una asamblea eleccionaria, pero sí se expusieron los números de la gestión, una gestión atravesada por la incertidumbre económica que, por suerte, pudimos sortear sin inconvenientes”.

Uno de los puntos más sensibles del discurso del presidente estuvo relacionado con los proyectos legislativos que buscan avanzar en la implementación de divorcios administrativos y sucesiones notariales, una propuesta que, según Vilaplana, “ataca directamente a la abogacía”. “Detrás de la fachada de simplificar trámites, lo que se propone es una solución aparente que genera consecuencias desastrosas. La seguridad jurídica está en garantizar derechos, y eso no lo puede hacer un burócrata de turno en un registro civil”, advirtió.

Además, denunció que estas iniciativas tienen un trasfondo político: “Entiendo que esta avanzada estuvo motivada por la necesidad de mostrar gestión al inicio del gobierno del presidente Milei, pero hoy esos proyectos están en stand by. Aunque ahora surge otro, impulsado por la diputada Pagano, que pretende eliminar directamente los colegios profesionales”. Y fue enfático en su rechazo: “La eliminación de los colegios implica que el Estado vuelva a regular la matrícula. Es un retroceso en esta prédica libertaria. Nosotros rendimos cuentas a los colegas cada dos años. Un burócrata no rinde cuentas más que a quien lo nombró. Sería una involución”.

Consultado sobre las posibles consecuencias si se avanza en este camino, explicó: “Si los colegios se transforman en simples asociaciones civiles, se pierde el rol institucional. En el Consejo de la Magistratura representamos a la abogacía. Si no existen los colegios, esa representación podría quedar cooptada por la política, financiada por partidos. Hoy garantizamos independencia”.