El proyecto también solicita que el Poder Ejecutivo provincial, a través de los organismos competentes, declare de Interés Provincial esta trascendental resolución judicial, considerada un paso fundamental en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia.
La sentencia, dictada el pasado 22 de junio en el marco de un Juicio por la Verdad, estableció la responsabilidad del Estado Nacional en la planificación, ejecución y posterior encubrimiento de los hechos ocurridos durante la denominada Revolución Libertadora. Asimismo, determinó que existió una persecución sistemática contra ciudadanos bonaerenses por motivos políticos, configurando delitos de lesa humanidad.
Los fusilamientos de José León Suárez constituyen uno de los episodios más dolorosos de la historia argentina. Aquella madrugada de 1956, un grupo de civiles fue detenido ilegalmente y trasladado a un descampado donde se llevaron adelante ejecuciones sumarias. Cinco personas fueron asesinadas y otras siete lograron sobrevivir, permitiendo que sus testimonios, junto con la investigación realizada por Rodolfo Walsh en su obra Operación Masacre, sacaran a la luz la verdad de los acontecimientos.
Desde el proyecto se destaca que el fallo judicial salda una deuda histórica con las víctimas, sus familiares y la sociedad argentina en su conjunto, reafirmando que el paso del tiempo no puede borrar ni justificar los abusos cometidos desde el aparato estatal.
Asimismo, se pone en valor la lucha sostenida durante décadas por familiares y organismos comprometidos con la búsqueda de justicia, cuyo trabajo permitió que, siete décadas después, los hechos fueran reconocidos bajo la categoría jurídica internacional correspondiente.