Daniel Arroyo cuestionó la situación del sistema de discapacidad y reclamó el cumplimiento de la ley de emergencia

Durante el encuentro, el legislador sostuvo que el sistema atraviesa una situación de “colapso” y señaló dificultades concretas vinculadas con el acceso a medicamentos, tratamientos, traslados y prestaciones. “Hoy las personas no acceden a los medicamentos, no acceden a los traslados, no acceden a las terapias”, afirmó Arroyo, quien explicó que los valores que reciben transportistas y prestadores no permitirían sostener los servicios. También mencionó la situación de las personas que concurren a talleres protegidos y advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo de quienes participan de esos espacios.

Uno de los principales ejes de su exposición fue la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada con un amplio respaldo parlamentario. Según explicó, algunas de las medidas previstas aún no fueron implementadas plenamente, entre ellas la actualización del nomenclador y modificaciones vinculadas con las pensiones. Arroyo cuestionó además el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno nacional y sostuvo que la diferencia entre los anuncios oficiales y su aplicación concreta estará determinada por los recursos destinados a cumplir las medidas. “La diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto”, afirmó.

El diputado también planteó la necesidad de actualizar el nomenclador de prestaciones y garantizar reglas comunes para las obras sociales y empresas de medicina prepaga. En ese sentido, sostuvo que la relación entre las personas con discapacidad y los prestadores no constituye una negociación entre partes en igualdad de condiciones y reclamó una mayor intervención del Estado para garantizar el acceso efectivo a las prestaciones.
En otro tramo de la charla, Arroyo realizó una fuerte crítica al enfoque del Gobierno nacional sobre la discapacidad y afirmó que se instaló la idea de que la atención de estas personas constituye principalmente una responsabilidad familiar. “La idea de que el Estado no tiene que atender a las personas con discapacidad es un invento del gobierno argentino”, sostuvo. Al mismo tiempo, comparó la situación con experiencias de gobiernos de derecha de otros países y afirmó que, a su entender, no se produjo allí un retiro estatal de características similares en materia de discapacidad.

Finalmente, Arroyo remarcó la necesidad de que distintos sectores políticos y sociales trabajen para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. “Lo que tenemos que hacer todos [la oposición, los que trabajan en el tema], es que se cumpla la ley y básicamente que se cumplan las prestaciones”, señaló.