Por un lado, el actual presidente Marcos Vilaplana lidera la lista de Unidad Colegialista, un espacio que concentra a la mayoría de las agrupaciones que participan activamente en la vida institucional del colegio. Por el otro, el vicepresidente Roberto Amantía decidió presentar una lista propia junto a un grupo de agrupaciones, abriendo el juego electoral. El actual mandamás de la institucion dialogó con 2Urbanos sobre el periodo que se avecina.

La nómina encabezada por Vilaplana exhibe un amplio respaldo interno y figuras de peso dentro del ámbito colegial. Entre ellas, Bernardo Álvarez Lembeye como candidato a primer consejero titular, la secretaria general Adriana Ginnobilli —también presidenta de la UCR— como segunda consejera titular, y referentes como Julio Sorrentino, al frente de la lista para el Tribunal de Disciplina, y la rectora de la UNSO, Adriana López, como candidata a la Caja de Previsión Social. En diálogo con 2Urbanos,  destacó que su espacio siempre apostó a la construcción colectiva: “Nosotros siempre tenemos que tratar de construir con el mayor consenso posible. Y eso es lo que venimos haciendo en las últimas elecciones: unificar la representación de un montón de agrupaciones en listas de unidad”. Sin embargo, reconoció que el escenario cambió en el último tiempo. “El año pasado, en el Consejo Directivo, se produjeron algunas divergencias en torno a la posibilidad de seguir trabajando juntos. Hubo posiciones que no tenían demasiado que ver con el colegio y se produjo una deserción en lo que es Unidad Colegialista”, explicó.

Sobre la decisión de Amantía de competir por fuera del oficialismo, el presidente fue claro: “Me hubiera encantado que hubiera habido un proceso de reflexión y de charla previa. Fue bastante abrupta la decisión de presentar su lista”. No obstante, relativizó el impacto institucional y valoró la competencia: “Forma parte de las reglas de juego. Me parece saludable para la institución tener un debate, discutir y escuchar, fundamentalmente, la opinión del abogado”.

Vilaplana también dejó entrever diferencias con el sector opositor al señalar que “la división tenía más que ver con intereses personales de quienes ahora dicen representar una oposición, pero hasta hace muy poco formaban parte de esta conducción y tomaron decisiones junto con nosotros”.

En cuanto a las principales preocupaciones de los matriculados, el titular del CASM apuntó a una problemática estructural: “La principal queja tiene que ver con los recursos, con la dificultad que tiene el abogado para percibir sus honorarios. Es una cuestión que excede a los colegios departamentales y responde a un contexto nacional que no es satisfactorio”. En ese sentido, destacó el trabajo realizado en torno a la Ley de Honorarios: “Hace unos años se modificó la ley, estableciendo mínimos más altos. Nos costó que la justicia local la incorporara, pero hoy nuestra Cámara viene aplicándola de manera sostenida desde hace al menos un año y medio”.

Otro de los reclamos recurrentes está vinculado al funcionamiento del sistema judicial. “Las demoras en cubrir vacantes judiciales han sido un gran problema. Sigue siéndolo, aunque ha disminuido porque logramos avanzar en la cobertura de muchos cargos, a partir del trabajo en el Consejo de la Magistratura y del acuerdo entre los distintos actores”, concluyó.